Como un hecho histórico se puede calificar lo que ha venido sucediendo con el paro nacional universitario que se desarrolla desde hace casi dos meses en la totalidad de las universidades públicas del país.
Lo que inició con un encuentro de estudiantes ha venido evolucionando en un importante movimiento que ha logrado poner contra las cuerdas al gobierno nacional y ha obligado a la opinión pública a abrir la discusión sobre la viabilidad de la educación superior pública y gratuita, el sometimiento a la política del gobierno nacional de desfinanciarla para asfixiarla y la introducción paulatina de medidas financieras que han permitido trasladar al bolsillo de los ciudadanos los costos educativos que deberían ser cubiertos en su totalidad por el Estado.
Han sido enormes las movilizaciones de los estudiantes en todo el país y con ellas las agresiones por parte de las fuerzas policiales del Estado que buscan acallar la indignación de quienes han tomado la determinación de arrancarle a este gobierno una nueva forma de financiación de la educación pública superior y el pago de la deuda histórica que ya asciende, según cálculos recientes, a casi 18 billones de pesos.
EL ACUERDO CON LOS RECTORES.
Fue una maniobra sucia del gobierno al parecer bien recibida por la mayoría de los rectores, quienes precisamente habían alentado a los estudiantes a que se movilizaran, es decir, utilizaron el movimiento de los estudiantes quienes tenían un pliego de peticiones, trabajado durante largas discusiones, que fue desconocido en el Acuerdo de los Rectores porque básicamente ellos aceptaron recibir un monto irrisorio que les irán entregando poco a poco, hasta el 2022.
EL CAMBIO DE BLANCO.
Posteriormente, sin el menor reato, los rectores empezaron a presionar a los estudiantes, con amenazas directas intentando calmar los ánimos con la suspensión del semestre, como ha ocurrido en varias universidades, inclusive utilizando métodos violentos de choque como en la Universidad de Pamplona, donde personas, al parecer contratistas del Rector y algunos estudiantes, ingresaron al campus lanzando petardos con metralla y gas lacrimógeno para acabar con el campamento que a lo largo del paro universitario se desarrollaba en la institución. Hoy ya son varias las universidades que anuncian la cancelación del semestre si no se retoman actividades esta semana, tal como lo ha hecho la Rectora Dolly Montoya de la Universidad Nacional, quien no contenta con la amenaza, recurrió a la división, llamando a los estudiantes para que en una urna virtual decidieran mediante el voto si querían o no dar por terminado el paro e ingresar a clases de manera inmediata.
La derrota de Dolly Montoya fue más que estruendosa pues los estudiantes de manera mayoritaria votaron a favor de mantener el paro y hoy la Rectora Dolly tendrá que recurrir a otras artimañas para cumplirle a Duque y recibir la limosna prometida.
LAS MOVILIZACIONES.
Contrario a lo esperado por el gobierno de Duque al firmar el acuerdo con los rectores, las movilizaciones de los estudiantes han sido masivas a lo largo y ancho del país y como era de esperarse, se ha desatado la más cruenta represión contra el movimiento dejando como saldo cientos de heridos y detenidos bajo la acusación de vandalismo y terrorismo, cuando el país sabe muy bien que quienes han agredido las marchas han sido los escuadrones de la muerte que llaman ESMAD y que aquí el único terrorista es el Estado.
La pretensión del gobierno no ha sido otra que la de intentar valerse de las movilizaciones estudiantiles para presentarlas como acciones que van en contra de la población y por esa vía lograr opinión pública favorable a la represión desatada y el control de la protesta social pues ya hasta se escuchan voces de que se deben prohibir las marchas o que no se permita el uso de las calles para hacerlas, es decir, pretende Duque controlar los enfrentamientos que se avecinan, pues sabe muy bien que con las medidas económicas de aumento generalizado de impuestos, despidos baratos, pensiones etc. que se pretende implementar, serán muchos más sectores del pueblo los que se sumen a las marchas de los estudiantes, puesto que el problema puede perfectamente salírsele de las manos.
Para SINTRAUNAL y para el pueblo colombiano debe ser claro que la protesta social es un derecho y no puede permitir que se criminalice presentándola como vandalismo pues la resistencia es connatural a la política que intenta desmantelar los derechos del pueblo
Hoy los estudiantes han puesto un punto muy alto en términos de negociación pues ya no es negociable una mesa en la cual no se siente el propio presidente de la república y los puntos de negociación siguen siendo los que contienen alto sentido social como el de la condonación de las deudas dejadas por el pilo paga y las del ICETEX o la de lograr una salida estructural al problema de la educación pública superior.
Por último, somos conscientes que los estudiantes siguen al mando del movimiento y que el estamento de los trabajadores les ofrece y les ha dado su apoyo, porque la educación es un derecho que debemos defender todos los ciudadanos y por supuesto los movimientos y organizaciones sociales. La construcción de la unidad de todos los estamentos con la sociedad en esta lucha, es la garantía del éxito. El demeritar nuestro apoyo al movimiento, como ha ocurrido en Bogotá, lo consideramos un craso error.
Para SINTRAUNAL sigue siendo de suma importancia el actual movimiento y seguiremos respaldándolo en la medida de lo posible y donde las condiciones así lo permitan. Declaramos que, ante el llamado que se viene haciendo para salir a las calles a derrotar la política económica del uribismo, seremos actores de primer orden y nos haremos parte de esa lucha en todas las regiones donde nuestro sindicato hace presencia.